En un interesante artículo de Cadasta, Noel nos comenta que mientras más de 1,000 líderes mundiales en derechos territoriales nos reuníamos en Washington DC a mediados del año pasado para la Conferencia Anual Territorio y Pobreza del Banco Mundial, la expectativa que existe respecto a las políticas en cuanto a recopilación de datos para medir el progreso global hacia la documentación y el fortalecimiento de los derechos territoriales para todos, mujeres y hombres.
Es fundamental para nosotros reconocer y discutir también el enorme potencial de estos mismos datos, cuando se hacen públicos y accesibles, para empoderar a las comunidades.
Cuando los gobiernos hacen públicos sus datos sobre el uso de la tierra, incluidos los derechos y las concesiones, los conservacionistas y las comunidades indígenas pueden ver qué tierras están protegidas y qué tierras están bajo amenaza. Los agricultores pueden ganar confianza al ver que sus derechos están debidamente documentados. Los bancos pueden confirmar quién tiene derechos documentados y otorgar préstamos para respaldar la compra de semillas y fertilizantes de mejor calidad. Y los agentes de extensión agrícola pueden identificar y apoyar el uso sostenible de sus tierras por parte de los pequeños agricultores y las comunidades indígenas.
Actualmente, estamos lejos de este objetivo. Los derechos del 70 por ciento de la tierra en las economías emergentes siguen sin estar documentados. La documentación sobre derechos de tierras y recursos, a menudo está desactualizada o es incorrecta. Críticamente, estos registros rara vez son accesibles al público. De hecho, de acuerdo con el Informe del Barómetro de los Datos Disponibles, los datos relacionados con la tierra se encuentran entre los conjuntos de datos con menos probabilidades de estar al alcance público. El informe mantiene que los datos territoriales son,
«raramente disponibles en línea, difíciles de encontrar cuando están disponibles y, con bastante frecuencia, detrás de muros de pago».
Los denominados “Muros de pago” limitan el número de negocios que pueden construir servicios basados en la información. Y refuerza el status quo de aquellos que tienen poder derivado del acceso a la información y de aquellos que no.
A medida que los gobiernos progresistas y la comunidad internacional de desarrollo utilizan nuevas tecnologías innovadoras para documentar y fortalecer los derechos a la tierra, deben analizar y evaluar, al inicio de sus actividades, los beneficios y riesgos de abrir gran parte o la totalidad de esa información al público.
Reconocemos que las mejores prácticas no pueden basarse simplemente en protocolos en las economías avanzadas. Liberar el nombre de un propietario en un país altamente desarrollado y relativamente equitativo puede ayudar a prevenir la corrupción. Pero revelar la misma información en un país con documentación de la tierra menos formal o con altas tasas de desigualdad puede resultar en la desposesión o desplazamiento de las comunidades vulnerables.
Dicho esto, la apertura de todos o algunos de los datos al público no puede descartarse de inmediato por considerarse como demasiado arriesgado.
Hay razones de peso para abrir registros de tierras, según corresponda, al público. La infografía mostrada líneas abajo consigna diez motivos:
- Aumenta la properidad y el desarrollo
- Reduce la corrupción que se presenta al realizar trámites
- Incrementa los ingresos tributarios
- Evita el robo
- Fortalece la respuesta ante los desastres
- Incrementa la salud de la población
- Promueve la conservación del medio ambiente
- Apoya el manejo sostenible
- Incrementa la eficiencia
- Mejora la seguridad publica
